El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz (PP), puso trabas para impedir el uso de la palabra al líder de «Vecinos por Majadahonda», Carlos Bonet, en el turno de «ruegos y preguntas» del pleno del Ayuntamiento que tuvo lugar este jueves 28 de noviembre (2019) porque «este turno es para hacer preguntas al Gobierno, no para pronunciarse sobre lo que se ha hablado en el pleno». Y alegó que solo podían hablar «los cuatro grupos municipales que han obtenido representación» en la corporación. Según su tesis, «el turno es para que los vecinos pregunten, no para que partidos que no han obtenido representación aprovechen para intervenir, porque las reglas de la democracia son claras. Si usted quiere formular una pregunta al Gobierno le atiendo encantado, pero no se trata de cuestionar lo que los distintos grupos con representación han planteado o han dejado de plantear en este pleno». En realidad, Bonet estaba suscitando un ruego y 4 preguntas: antes de ser interrumpido por el alcalde, el ruego que estaba formulando era para que los grupos municipales plantearan en sus mociones «temas locales y no nacionales» al tratarse de una institución municipal. Y las preguntas iban referidas al cierre del rocódromo municipal para hacer escalada (montañismo), algo que han denunciado más de 100 deportistas, la irrupción de jabalíes cerca de las urbanizaciones aledañas al hospital Puerta de Hierro, los «problemas» en la escuela infantil Tallín «que usted sabe» pero que el dirigente vecinal no concretó, y la última: si se habían arbitrado soluciones a las quejas de una vecina de Los Satélites, Beatriz Valverde, que hace un mes intervino en el anterior pleno para solicitar «una parada de bus, rotulación de las calles, seguridad, limpieza, arbolado y accesibilidad» a su nuevo barrio.
Los Satélites, Escuela Tallín, Rocódromo y Jabalíes: preguntas sin respuesta y trabas para hablar
EL ALCALDE AFIRMA QUE RESPONDERÁ EN UN CAFÉ, NO EN EL PLENO. «Me pregunta usted sobre cuatro aspectos que necesitaría media hora para contestarle sobre cada uno de ellos y sobre las medidas que ha adoptado este Gobierno sobre el control de jabalíes, sobre lo que se está trabajando en materia de reformas en centros educativos, en los nuevos desarrollos urbanísticos… podía estar dos horas hablando y si usted quiere que nos reunamos y tomemos un café, estaré encantado y se lo explico con detalle, pero yo creo que alargar dos horas este pleno no sería del agrado de nadie. Yo le invito si usted quiere a tomar un café y charlamos sobre lo que usted considere oportuno», fue la respuesta del alcalde para evitar contestar a las preguntas. «Hay problemas más importantes en Majadahonda que están en el día a día, mucho más que aquellos que han tratado a nivel nacional«, se había quejado Bonet, que había preguntado expresamente «por el rocódromo, que ustedes han cerrado, cuando en Majadahonda nos llenamos la boca a decir que somos una zona preferente en el mundo del deporte, y me gustaría que nos dieran una solución». Y añadió: «otro tema que le quiero plantear es qué ocurre con la zona de Los Satélites, ya que hace un mes intervino una vecina…» El alcalde le interrumpió de nuevo: «insisto, si usted quiere formular una pregunta al Gobierno, bien, pero no puede ser que un partido que no ha obtenido representación intente entrar en el pleno por esta vía porque este no es el camino ni el cauce. Si quiere formular una pregunta sobre una cuestión específica al Gobierno, yo se la atiendo encantado, pero no desvirtuemos lo que dice el reglamento y lo que las normas establecen y que nos hemos autoimpuesto todos los ciudadanos», fue el argumento del alcalde para «trabar» el derecho de Carlos Bonet a intervenir en el turno de «ruegos y preguntas».
Angela López Gallo y Anselmo López (Cs): el alcalde o les interrumpe o no les responde
Esta actitud obstruccionista no amilanó al dirigente de «Vecinos por Majadahonda», que aun así continuó con la formulación de sus dos últimas cuestiones: «Le voy a hacer dos preguntas y ya termino, porque podríamos estar aquí toda la santa mañana ya que tendría muchos temas que decirle: ¿que ocurre con la escuela infantil Tallín, en la cual hay bastantes problemas y parece que están sin solucionar, como usted sabe?», dijo enigmáticamente. Y concluyó con otro cuestión vecinal: «el tema de los jabalíes a vuelto a la actualidad, pues parece ser que estaba solucionado y hace unos días ha vuelto a suceder otro accidente«, en alusión al ocurrido con el descarrilamiento de un camión en la M-50, aledaños de la zona de Puerta de Hierro donde se encuentran ubicadas varias urbanizaciones majariegas. No fue el único incidente. El alcalde también tuvo problemas con la concejala de Cs, Ángela López-Gallo, a la que también impidió el uso de la palabra cuando estaba formulando un ruego dentro de su turno de intervención: «Quería hacer un ruego: cuando se solicite información, que se aporte la cómoda y también la que sea incómoda. Solicité el 30 de octubre una documentación sobre el Rayo Majadahonda para ver si se emplea convenientemente y de manera justificada la subvención de los 100.000 euros…».
Las escaleras de Renfe Majadahonda siguen sin funcionar
El alcalde le interrumpió de nuevo: «Señora López, es un turno de preguntas…». Y ella respondió que también lo era de «ruegos»: «Sí, por eso, ruego que se me entregue toda la documentación y en caso de que no se entregue, se justifique el motivo. Ruego también que se me entreguen las dos actas de la reunión sobre la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (RPT)». Y pareció recurrir a su condición de abogada cuando apostilló, entre las interrupciones del primer edil, que las respuesta debían producirse en 5 días, según el reglamento. El alcalde la interrumpió de nuevo y esta vez de forma ofensiva: «La solicitud de información tiene un trámite que no es el ruego o la pregunta en el pleno, yo entiendo que a usted le interese lucirse en el pleno delante de los vecinos...». La concejala negó que intervenir en el pleno fuera «para lucirse» sino para intervenir y concluyó: «Pues mi ruego es que se atienda«. El alcalde finiquitó el debate: «Así se hará como está siendo con el resto de expedientes». Ustarroz tampoco le contestó a Anselmo Soto (Cs) su pregunta sobre si se había hecho algo nuevo en las dos últimos meses desde el Ayuntamiento ante el Ministerio de Fomento o RENFE para arreglar la estación de cercanías, «porque son numerosas las quejas que seguimos recibiendo sobre el estado de las escaleras«, pero obtuvo la callada por respuesta. Y así concluyeron los escasos temas que dio de sí un pleno dedicado casi de forma monográfica a la política nacional.
Vox mantuvo silencio cuando el alcalde le negó la intervención a «Vecinos por Majadahonda». La legislatura pasada protestaban cuando eran ellos las «víctimas»
EDITORIAL. Hace justamente un año, en diciembre de 2018, se produjo un grave incidente en el pleno del Ayuntamiento de Majadahonda: el entonces alcalde Narciso de Foxá, defendió el derecho de varios militantes de Vox (entonces partido extraparlamentario) a intervenir en el turno de ruegos y preguntas ante la solicitud de un vecino que pedía debatir «si tiene sentido que partidos políticos que no tienen representación en el Ayuntamiento hagan preguntas como partido político y no como vecinos, no debiendo tratarse en ningún caso”. Su intervención fue visiblemente aplaudida y jaleada por varios concejales de Ciudadanos (Cs), hasta el punto que tuvo que interrumpirles el alcalde Foxá para advertir: «cualquier vecino por el hecho de estar aquí sentado, tiene derecho a preguntar lo que quiera y yo tengo también derecho a afear esa conducta como partido». ¿Tienen derecho los representantes de partidos políticos o asociaciones de cualquier tipo a intervenir en el pleno?
Los «árbitros»: secretaria e interventor
La respuesta que dan el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda y la Constitución española no dejan lugar a dudas: no solo pueden intervenir en los “ruegos y preguntas” sino que incluso pueden hacerlo en cualquier otro punto del orden del día (mociones) si se solicita con 24 horas de antelación y están afectados por el asunto que se ha debatido (artículo 78 del Reglamento Orgánico de Majadahonda (ROM). Además, según el artículo 14 de la Constitución, “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Prohibir, por tanto, la libertad de expresión por razones de origen político, sería delito. Y de los más graves.
Que un alcalde impida la libertad de expresión a un vecino por motivos políticos está castigado en el Código Penal por ser un Derecho Fundamental en la Constitución
El artículo 551 del Código Penal castiga por ello con “pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años” al responsable de un servicio público que deniegue a una persona un acceso a estos derechos por cualquiera de estas circunstancias que marca la Carta Magna. Y el problema es que el alcalde de Majadahonda ha cercenado esta cuestión públicamente, según consta en la grabación del pleno y en la transcripción que hacemos de la misma. Esta peligrosa deriva totalitaria (impropia de un alcalde que ha defendido siempre la libertad de prensa e información) que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión y que ya sufrió Vox en la anterior legislatura -mientras que en esta ha callado de manera vergonzosa simplemente porque cobra del Equipo de Gobierno- genera una terrible desafección de los vecinos con los asuntos públicos: parece que los políticos solo defienden las libertades que consagra la Constitución cuando les afectan a ellos, no a los demás.
Miembros de VOX Majadahonda en un pleno del Ayuntamiento cuando eran «extraparlamentarios». Foxá nunca les impidió intervenir en los «ruegos y preguntas» e incluso defendió su derecho a hacerlo
Y esto, junto con el riesgo de judicialización de estas prácticas que suponen estas conductas -y habrá que recordar que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y más en algo que afecta a Derechos Fundamentales- no solo envenena el debate político sino la relación de las instituciones con los administrados. Cortar una y otra vez a los intervinientes en el pleno (sean concejales o vecinos) con objeto de que pierdan el hilo, el tiempo o incluso el derecho a intervenir, además de una descortesía, mala praxis o falta de educación, rompe sobre todo el interés por la política, ya que ésta pierde todo el suspense al ser muy difícil seguir el debate sobre la misma. Y es deber de los cargos públicos impedir que un salón de plenos se convierta en un plató de «Sálvame» (en este caso «Sálvame de Lux» si miramos los sueldos de los «tertulianos») que se dedican más a mirarse al ombligo o a la política nacional, antes que solventar los problemas de sus vecinos y contribuyentes.