El primer examen de las Oposiciones para cubrir dos puestos de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Majadahonda ha provocado la impugnación de 55 arquitectos que se presentaban y la intervención del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Su decano ha escrito una carta a la alcaldesa expresando su protesta por el sistema empleado y el resultado obtenido, con solo 2 aprobados sobre 100 y una de ellos además la actual arquitecta municipal interina. La situación es extraña: salvo en el apartado de la propia normativa municipal, era el mismo temario para las mismas oposiciones en otros municipios, que han arrojado resultados muy diferentes entre los mismos aspirantes. El Equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Majadahonda, que gobierna este municipio con mayoría absoluta, se ha defendido de las acusaciones con 2 argumentos: el primero que los concejales no forman parte del tribunal, cosa loable. De hecho, el juez titular del juzgado nº 48 de Madrid que investiga el reciente caso de corrupción en las Oposiciones de RTVE, ha imputado a dos trabajadores vinculados a UGT, el secretario de organización de UGT-RTVE y un miembro del Tribunal, también miembro de la central sindical, que resultó ser el autor del documento con el contenido del examen que más tarde se filtró. Ambos están siendo investigados por delito de revelación de secretos, que recoge el artículo 199 del Código Penal y que castiga con pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años. Si son condenados, RTVE les va a reclamar además a ambos el coste económico de la suspensión de la oposición y la nueva convocatoria del examen, así como los gastos de desplazamiento y alojamiento en que incurrieron los opositores en la prueba fallida.
Carlos Bonet, portavoz, y Federico Martínez, portavoz adjunto, ambos concejales de «Vecinos por Majadahonda»
El segundo argumento que emplea el Equipo de Gobierno del Partido Popular para defenderse de las dudas que ha suscitado esta convocatoria de oposiciones es que los reclamantes tienen derecho a impugnarlas en los tribunales de Justicia, y serán ellos los que dictaminarán la legalidad del proceso. Desde el grupo municipal de «Vecinos por Majadahonda» nos parece también razonable este argumento pero insuficiente: no somos partidarios de judicializar la vida política y nos distancia de otros grupos municipales el hecho de que sean los partidos y no los vecinos los que tengan que ir a los tribunales cuando vean lesionados sus derechos, independientemente del apoyo político y social que se les pueda brindar. Sin embargo, ya ocurrió cuando realizaron el fallido concurso sobre las 133 cámaras de seguridad que el Grupo Popular sostenía, como ahora, que no había ninguna irregularidad en el proceso, a pesar de la impugnación que uno de los concursantes hizo ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP), abriendo expediente al Ayuntamiento de Majadahonda por esta causa. Finalmente, con buen criterio y a pesar de los desmentidos iniciales, como está ocurriendo ahora, el Equipo de Gobierno decidió retirar el concurso y abrir otro nuevo. Por cierto, que el cambio de criterio ha costado 50.000 euros y no se ha admitido ni depurado ninguna responsabilidad política por este desaguisado, siendo «Vecinos por Majadahonda» el único grupo municipal que las ha pedido precisamente por no haber admitido inicialmente estas anomalías y haberlas incluso desmentido, provocando además un sobrecoste. No queremos que esto ocurra de nuevo y por eso rogamos al Equipo de Gobierno que suspenda estas Oposiciones por las dudas jurídicas que han suscitado, sobre todo en la identificación, originalidad y custodia de los exámenes de los aspirantes al concurso. Por ello, el concejal y portavoz adjunto del grupo municipal de «Vecinos por Majadahonda», Federico Martínez, formuló la siguiente pregunta:
Dado que ha sido definida por algunos opositores como «chapuza» y «escandaloso» que la hoja de resultados y la hoja de datos personales de la oposición no tuvieran código de referencia para vincularlos y que en el propio examen les dijeran a los aspirantes que solo una grapa de colegio unía el sobre que guardaba la hoja de datos personales con el sobre de la hoja de resultados, lo que podría originar problemas de identificación en caso de pérdida. Dado que tampoco se utilizaron hojas autocopiativas que los opositores pudieran haberse llevado a casa como justificante, sistema de control ya muy extendido en las oposiciones de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Y dado que la situación derivada de todo ello podría colisionar con los criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Y dado que el examen estuvo 9 días sin los habituales procedimientos de custodia, que son muy férreos, debido al «Gran Apagón» que sufrió España y que hay cierta unanimidad entre todos los grupos municipales en que el resultado de la prueba fue «llamativo». ¿Ha estudiado el Equipo de Gobierno del Partido Popular estos argumentos y considerado la posibilidad de anular este primer examen de las citadas oposiciones para corregir estas anomalías?
RESPUESTA DEL PP. «Sr. Martínez Utrera, antes de entrar más en detalle de la cuestión, solo matizar dos cosas respecto a lo que usted considera que hubo una especie de consenso de que fue «llamativo» en la Comisión Informativa de Administración Interna del pasado 22 de mayo. Yo solo dije que me pareció llamativo contrastar algo que ya hemos visto en otros procesos de Administración Especial, no de Administración General: el bajísimo nivel medio me pareció llamativo y me pareció preocupante, y eso es lo que compartí. También recordarán que la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que también es Secretaria de esa Comisión, lo puso de relieve y se pusieron ejemplos no solo propios del Ayuntamiento de Majadahonda, sino de otros Consistorios. Y eso es un hecho objetivo que hemos vuelto a comprobar y a contrastar en este proceso. Y también dije que me parecía llamativo que el eco que había cobrado esta noticia venía dado sobre todo porque una persona que envió un escrito, lo envió no solo al tribunal, no solo a Alcaldía, no solo a la Concejalía, sino también a ustedes, a los Grupos Municipales, por eso ha tenido cierto revuelo el asunto porque normalmente hay alegaciones, hay escritos y no tiene mayor repercusión que la que le voy a contestar ahora».
«Le dije también el pasado día 22 que las calificaciones del primer ejercicio del proceso selectivo de acceso a dos plazas de arquitecto son todavía provisionales. Por tanto, de acuerdo con la resolución del tribunal calificador del pasado 16 de mayo, se ha dispuesto un plazo de 5 días hábiles para que los aspirantes interpongan las alegaciones que consideren. En atención al contenido de dichas alegaciones y siempre en conformidad a las bases de este procedimiento selectivo, el tribunal calificador adoptará las decisiones que correspondan en aras a determinar los aspirantes que finalmente superarán este primer ejercicio del procedimiento. Y en consecuencia, este Equipo de Gobierno, a semejanza del resto de procedimientos selectivos de acceso al empleo público impulsados por el Ayuntamiento de Majadahonda, no tiene otra cuestión que considerar que la de respetar el cauce establecido y quedar a la espera de la resolución que acerca de la calificación final de este primer ejercicio pueda adoptar el tribunal calificador. Esa resolución, por cierto, no implica de por sí forzar la judicialización de este asunto ni supone un coste extraordinario para este Ayuntamiento, ni para los vecinos de Majadahonda».